El Consejo General del Poder Judicial ha tomado una decisión sin precedentes al expulsar al Fiscal General, Álvaro García Ortiz, de la solemne apertura del año judicial, un acto que será presidido por el rey Felipe VI. Esta medida drástica responde a su actual procesamiento por un delito de revelación de secretos, lo que ha generado una ola de críticas y preocupación sobre la integridad del sistema judicial.
Diez vocales del órgano, elegidos a propuesta del Partido Popular, han enviado un contundente escrito a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, advirtiendo que la presencia de García Ortiz no solo es inapropiada, sino que también compromete la serenidad institucional del evento. Los consejeros han subrayado que el fiscal general está siendo juzgado por los mismos magistrados ante los que pretendía intervenir, lo que representa un riesgo inaceptable para el prestigio de la justicia y la ejemplaridad que los ciudadanos merecen.
Este hecho recuerda a un precedente de 1996, cuando el entonces presidente del Supremo vetó la presencia de la ministra de Justicia y del fiscal general para preservar la neutralidad del tribunal. Aunque los vocales han aclarado que no se cuestiona la presunción de inocencia, han enfatizado que la independencia judicial, consagrada en la Constitución, debe ser defendida con firmeza.
La reciente crítica del presidente Pedro Sánchez hacia jueces y magistrados ha sido denunciada por los vocales, quienes sostienen que tales declaraciones han socavado la confianza en el sistema judicial y alimentado una campaña de deslegitimación del poder judicial. Las asociaciones de jueces y fiscales han respaldado esta petición, exigiendo públicamente a García Ortiz que renuncie a asistir al acto. La magistratura ha trazado una línea roja: la justicia no puede permitir que quien está siendo enjuiciado ocupe un lugar de honor en uno de los actos más solemnes del Estado. La situación es crítica y la atención del país está fija en cómo se desarrollarán los próximos eventos.
