China se ha desatado en un ataque comercial contra España, imponiendo aranceles de hasta un 62,4% sobre la carne de cerdo y sus derivados europeos. Esta medida, justificada por Pekín en el marco de una investigación anti-dumping, ha generado una ola de indignación en Bruselas, donde se denuncia que las alegaciones carecen de fundamento y van en contra de las normas de la Organización Mundial del Comercio. La Unión Europea ha reaccionado con firmeza, anunciando que tomará todas las medidas necesarias para proteger a los productores porcinos europeos.
Este choque comercial no es un incidente aislado. Viene tras la reciente decisión de la Comisión Europea de imponer aranceles de hasta el 38% a los vehículos eléctricos chinos, considerados como competencia desleal. Muchos analistas ven este movimiento de China como una represalia directa, especialmente después de que España, bajo presión de Europa y Estados Unidos, cancelara un contrato millonario relacionado con las escuchas judiciales, lo que ha reavivado las tensiones con el gigante asiático.
El Ministerio de Agricultura español, liderado por Luis Planas, ha abogado por el diálogo, recordando que las relaciones comerciales con China han sido históricamente positivas. Sin embargo, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne ha calificado la noticia como un “jarro de agua fría” para el sector, que ahora enfrenta un nuevo frente de incertidumbre. Las exportaciones españolas de porcino, que en el primer semestre de 2025 superaron las 279,000 toneladas y los 570 millones de euros, están en la mira de esta guerra comercial, cuyas consecuencias son imprevisibles para el campo español.
La situación es crítica. La colaboración entre la Unión Europea y Pedro Sánchez parece estar devastando aún más la agricultura y ganadería de España, dejando a los productores en un estado de alerta máxima. La pregunta que resuena en el aire es: ¿qué pasará ahora con el futuro de la industria alimentaria española?
