Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha dejado plantado al juez Juan Carlos Peinado en un acto que desata la indignación y cuestiona la credibilidad del sistema judicial español. Este sábado, la primera dama no se presentó a la citación, desoyendo una orden expresa del magistrado en el marco de una investigación por presunta malversación. Junto a ella, su asistente y el delegado del gobierno en Madrid también se ausentaron, desafiando así la autoridad judicial.
La justificación de Gómez, que su presencia física no era necesaria, ha sido calificada como un desprecio directo hacia el juez y, por extensión, a la democracia misma. Este acto de desdén envía un mensaje alarmante de impunidad y socava la confianza en las instituciones. La cita no era un mero trámite; el juez pretendía informarles sobre la posibilidad de un juicio con jurado popular, un pilar fundamental de la justicia.
Sorprendentemente, el magistrado había ofrecido condiciones especiales para su llegada, permitiéndole entrar por el garaje para evitar a los medios. Sin embargo, Gómez optó por no asistir, eludiendo la presión de una manifestación organizada por Azoir, que esperaba su llegada con gritos de protesta. Este desplante no solo refleja un desprecio por la ley, sino que también pone en tela de juicio la imagen del gobierno de Sánchez, que no puede permitirse más escándalos que afecten a su familia.
La ausencia de Begoña Gómez en el juzgado no solo es un acto de cobardía, sino un claro indicativo de la creciente desconexión entre la élite política y la ciudadanía. La situación es crítica y la sociedad exige respuestas. ¿Qué consecuencias tendrá esta falta de respeto hacia la justicia? La tensión sigue en aumento y el impacto de esta decisión resonará en los próximos días.
