¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, se encuentra en el centro de una tormenta política tras revelarse que autorizó la liberación temporal de los criminales más buscados de Medellín para un evento con el presidente Gustavo Petro. Documentos exclusivos muestran que, el pasado 19 de junio, Zuleta solicitó el traslado de peligrosos cabecillas como Juan 23 Minutos y Carlos Pesebre, quienes asistieron a un acto público en la Alpujarra.

La controversia estalló al conocerse que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) aprobó la solicitud de la senadora, lo que ha puesto en tela de juicio los protocolos de seguridad y la ética de tales decisiones. Los reclusos, a quienes se les prohibió el contacto con el público, fueron devueltos inmediatamente después del evento, pero la pregunta persiste: ¿fue esta acción legal y justificada?

Expertos en seguridad y juristas están divididos. Algunos argumentan que esta medida podría interpretarse como un trato preferencial a criminales con procesos pendientes por homicidio y narcotráfico, lo que podría socavar la lucha contra el crimen organizado en el país. Otros defienden la idea de que estos acercamientos son parte de una estrategia más amplia de paz y reinserción social.

Mientras las autoridades investigan las implicaciones legales, la opinión pública exige respuestas. ¿Cuáles son los criterios que llevaron a esta decisión? ¿Hasta dónde se puede flexibilizar la ley en nombre de la paz? Este escándalo no solo pone en evidencia los desafíos de la política criminal en Colombia, sino que también reabre el debate sobre la legitimidad de negociar con actores armados en contextos urbanos.

La situación es crítica y las repercusiones podrían ser profundas. La sociedad colombiana observa con atención y exigencia de transparencia. ¡La lucha por la justicia y la paz continúa!