Esquerra Republicana ha lanzado un ataque contundente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, exigiendo una auditoría extraordinaria de su departamento. Este giro dramático se produce en medio de un escándalo de corrupción que ha sacudido al Ministerio, dejando al gobierno de Pedro Sánchez en una situación precaria. La formación separatista ha marcado distancias con el Ejecutivo, reclamando una revisión exhaustiva de todas las actividades desde 2018 hasta 2024, un periodo que abarca toda la etapa socialista al frente de transportes.

La exigencia de Esquerra se produce tras las revelaciones del caso Coldo, donde acusan al gobierno de inacción y critican a Puente por limitarse a lamentar la confianza depositada en su asesor, Santo Cerdán, sin tomar medidas concretas. La auditoría solicitada, que debe ser realizada por la intervención general del Estado, podría llevar a una fiscalización directa por parte del Tribunal de Cuentas, en un intento por esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

El golpe más fuerte va dirigido a Puente, con indicios de que Cerdán intentó colocar a personas vinculadas a Acciona en el ministerio. Las transcripciones del sumario sugieren que Puente estaba al tanto de la influencia del núcleo duro del Partido Socialista sobre su nuevo equipo. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha anunciado una auditoría interna del partido y una reestructuración ejecutiva, pero no ha hecho mención alguna sobre investigar el ministerio de Transportes.

Esta ruptura con Esquerra debilita aún más la estabilidad del gobierno, que observa cómo incluso sus aliados más leales comienzan a distanciarse. Las aguas turbulentas del escándalo de corrupción están amenazando con hundir al sanchismo, y la presión sobre Óscar Puente se intensifica a medida que surgen más preguntas sobre su conocimiento del caso Coldo. La situación es crítica y el tiempo apremia.