El Tribunal Supremo ha lanzado un devastador golpe al gobierno de Pedro Sánchez, poniendo al PSOE en el centro de una creciente tormenta de corrupción. En un movimiento judicial sin precedentes, el magistrado Leopoldo Puente ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que recoja información crucial sobre las finanzas del Partido Socialista y sus altos mandos. La investigación apunta directamente a figuras clave como Santos Cerdán, secretario de organización y mano derecha de Sánchez, así como al exministro José Luis Ávalos y al controvertido Coldo García.
El Supremo ha exigido al PSOE, al Congreso de los Diputados, al Parlamento de Navarra y al Ayuntamiento de Milagro toda la documentación relacionada con cuotas, donaciones y pagos vinculados a Cerdán, García y sus familias. La Guardia Civil ha descubierto pagos directos de casi 3,000 euros que han sido catalogados como viajes y otros conceptos sospechosos, lo que refuerza las sospechas de financiación ilegal en el partido en el poder.
Este escándalo no es un simple caso aislado; ha alcanzado a la cúpula socialista, poniendo en entredicho la credibilidad política y moral de Sánchez en un momento crítico. Mientras el presidente intenta presentar la amnistía y la agenda social como sus grandes logros, la realidad judicial revela un panorama sombrío que podría marcar un punto de inflexión en la política española.
La sombra de la corrupción se cierne sobre el PSOE en plena legislatura, y si los indicios se confirman, el impacto podría ser devastador. La justicia ha abierto las puertas a un escrutinio sin precedentes de las cuentas del partido, justo cuando Sánchez menos puede permitirse un nuevo escándalo. La lucha por la ética en la política ha tomado un giro inesperado, y el futuro del gobierno socialista está ahora en la cuerda floja.
